Diputada Dignora Figuera, respetuosamente, en nombre de los trabajadores petroleros, es con usted:
Señora Diputada
Dignora Figuera
Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Con el debido respeto le comunico mi intención de acudir ante la justicia norteamericana planteando la necesidad del dictado de una medida cautelar que detenga el proceso del remate de las acciones de CITGO que está fijado para el día 23 del mes de octubre de este año, acción que haré en nombre del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del estado Falcón.
La petición estará basada en la necesidad de protección a los derechos que asiste a los trabajadores a la preservación de sus prestaciones que hasta ahora nadie les ha garantizado, y formalmente le solicito el apoyo moral y material del Parlamento que usted preside.
Además de la referida acción cautelar también estoy trabajando en otra colateral demandando la nulidad de las sentencias CIADI en base a que en esos procesos de arbitraje la demandada RBV no ha tenido representación legal que corresponde exclusivamente al Procurador General, funcionario cuyo nombramiento corresponde al Presidente de la República con autorización de la Asamblea Nacional, todo de conformidad con los artículos 247, 248 y 249 de la Constitución.
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En los citados procesos quien estuvo actuando en nombre de la RBV han sido personas carentes de la citada legalidad desde marzo del 2013 cuando renunció la señora Cilia Flores quien había sido la última persona designada dentro de los mencionados mandatos constitucionales.
El cargo de Procurador General estuvo usurpado en esos procesos arbitrales CIADI desde la citada renuncia, primero por Manuel Galíndez a quien la renunciante designó bajo su única voluntad como “Encargado” y a los once meses éste hizo lo mismo y de la misma manera nombró a Reinaldo Muñoz Pedroza quien así vino a ser un “encargado del encargado”.
Esa usurpación fue denunciada por la Asamblea Nacional en dos Acuerdo formales que emitió en sesión de fecha 10/11/2016 y acuerdo de fecha 12/9/2018
En consecuencia, todos los actos efectuados en todos los procesos arbitrales donde se ha condenado a Venezuela han sido producto de un fraude procesal puesto que la demandada no tuvo acceso a defensa legítima desde la fecha en que se produjo la antes citada renuncia que formalizó la señora Flores.
Las ilícitas actuaciones de los mencionados encargados no han sido debidamente impugnadas por ninguno de los dos Procuradores especiales que designó el Presidente interino Juan Guaidó, en particular el Dr. José Ignacio Hernández planteó el problema de la usurpación pero solo a partir de la fecha en la que él fue designado, eso cuando ya los procesos de arbitraje llevaban 6 años tramitándose ilegalmente, grave error ese que favoreció a las empresas demandantes, dos de las cuales por cierto le habían contratado antes a él como “Perito experto” (Crystallex y Owens Illinois) para los mismos procesos donde luego asumió la representación del país, lo cual es hasta delictivo (prevaricación).
Señora Presidente, le pongo en conocimiento y le solicito urgente atención a este gravísimo problema sobre el cual no hay nada de tiempo que perder y en consecuencia le pido que se ejerza acción judicial en búsqueda de paralizar el remate planteado por la Corte de Delaware para el 23 de octubre de este año, actuación a la que ofrezco mi colaboración.
Quedo a su disposición para explicaciones adicionales si fueren requeridas.
New York 19 de agosto 2023
Carlos Ramírez López
