Propiedad Horizontal, Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Hacia un nuevo círculo inmobiliario de edificaciones verticales seguras, sostenibles y resilientes en Colombia
Columnista. Claudia Lorena Mera Lucumi — Zona Común Especializado en Propiedad Horizontal
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Colombia atraviesa una profunda transformación urbana caracterizada por el crecimiento de las edificaciones en altura y de los proyectos sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Este fenómeno exige superar la visión de la propiedad horizontal como un asunto exclusivamente privado o administrativo y reconocerla como un componente estratégico del urbanismo, el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo y la calidad de vida.
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La Constitución Política establece en su artículo 51 el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y asigna al Estado la responsabilidad de generar las condiciones para hacerlo efectivo. A su vez, el artículo 58 reconoce la función social y ecológica de la propiedad, mientras los artículos 79 y 80 establecen responsabilidades relacionadas con la protección ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Estos principios encuentran desarrollo en la Ley 388 de 1997, que concibe el ordenamiento territorial como una función pública orientada a regular el uso, transformación y ocupación del territorio, prevenir desastres y mejorar la calidad de vida.
En este marco, la Ley 675 de 2001 establece que la propiedad horizontal tiene, entre otros propósitos, garantizar la seguridad y convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a este régimen. Por ello, una copropiedad no puede entenderse únicamente como un conjunto de unidades privadas, sino como una comunidad que comparte infraestructura, bienes comunes, responsabilidades y riesgos.
La seguridad adquiere especial relevancia frente al crecimiento vertical. La Ley 400 de 1997 establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones sismorresistentes, orientados a reducir el riesgo de pérdida de vidas y proteger el patrimonio. Posteriormente, el Decreto 926 de 2010 adoptó el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistentes NSR-10.
Sin embargo, la seguridad de una edificación no termina con su construcción. Debe continuar mediante mantenimiento, inspección, prevención, rehabilitación y adecuada gestión de los bienes comunes.
De allí surge la necesidad de promover un nuevo círculo inmobiliario, que comprenda todo el ciclo de vida de la edificación: planificación del suelo, diseño, licenciamiento, construcción, comercialización, ocupación, administración, mantenimiento, rehabilitación y renovación.
Esta visión debe integrarse a una Política Pública Nacional de Propiedad Horizontal, articulada con los instrumentos de ordenamiento territorial, la gestión del riesgo, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana.
El reto de Colombia no es simplemente construir ciudades más altas, sino construir ciudades verticales seguras, sostenibles, humanas y resilientes. La propiedad horizontal debe ser reconocida como un actor estratégico de la gobernanza territorial y como un espacio fundamental para proteger la vida, el patrimonio, la convivencia y la calidad de vida de quienes habitan nuestras ciudades. Claudia Lorena Mera Lucumi”
Dirección Zona Común- Lina Margarita Reyes González — Juntos Conectamos Comunidades Liderando Oportunidades
